División Derecho Administrativo
Representación y asesoría legal en procedimientos ante autoridades administrativas federales, estatales y municipales.
Descripción del servicio
Ofrecemos representación y asesoría legal especializada en procedimientos ante autoridades administrativas en los tres órdenes de gobierno: federal, estatal y municipal. Nuestra práctica cubre recursos administrativos, juicios contencioso-administrativos, amparos y defensa ante actos de autoridad.
Contamos con amplia experiencia en licitaciones públicas, contratos de obra pública, responsabilidad patrimonial del Estado y defensa ante sanciones administrativas de todo tipo.
Características del servicio
Conoce los beneficios y alcances de nuestra asesoría especializada.
Recursos administrativos
Interposición y seguimiento de recursos de revisión, revocación y otros medios de impugnación.
Juicio contencioso-administrativo
Representación ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y tribunales estatales.
Juicio de amparo
Presentación y seguimiento de amparos directos e indirectos contra actos de autoridad.
Contratos de obra pública
Asesoría en licitaciones, adjudicaciones y controversias derivadas de contratos de obra pública.
Proceso de atención
Desde el primer contacto hasta la resolución de su caso, le acompañamos en cada etapa.
Análisis del acto de autoridad
Revisamos el acto impugnado y determinamos la vía y los plazos aplicables.
Estrategia jurídica
Diseñamos la estrategia legal más favorable para impugnar o defender sus intereses.
Presentación de medios de defensa
Interposición de recursos, demandas o amparos en tiempo y forma.
Seguimiento procesal
Atención de audiencias, desahogo de pruebas y promociones hasta la resolución.
Preguntas frecuentes
Resolvemos las dudas más comunes sobre este servicio.
Depende del tipo de acto y la vía elegida. Por ejemplo, el recurso de revisión tiene 15 días hábiles y el juicio contencioso-administrativo, 30 días. Es fundamental actuar de inmediato.
Sí, las multas del SAT, IMSS, INFONAVIT y otras autoridades fiscales son impugnables a través de recursos o juicios contencioso-administrativos.